La seguridad de los menores de edad en entornos digitales tiene que ser alta. Navegar por internet no está exento de riesgos, sobre todo cuando lo hacen los más pequeños. Estos no cuentan con las herramientas ni la experiencia de un adulto para saber cómo actuar ante ciertas amenazas. Por suerte, una nueva ley orgánica trae cambios sustanciales.
El uso de internet es, hoy en día, muy común. La mayoría de la población tiene acceso desde múltiples dispositivos, lo que facilita navegar sin mayores obstáculos. Pese a las grandes ventajas que trae consigo, también conlleva ciertos peligros. El principal es que los niños pueden acceder a contenidos inapropiados para su edad o contactar con personas que querrán hacerles daño, entre otros.
Ten en cuenta que un mal empleo de la tecnología puede afectar al desarrollo cognitivo de los menores. En muchos casos, no están preparados para asimilar los contenidos presentes en la red. También resultan problemáticas las relaciones que pueden mantener en redes sociales, un entorno en el que el riesgo de encontrarse con pedófilos es real. Y no hay que olvidar que estos canales son ideales para llevar el acoso escolar fuera de los colegios.
Aunque las empresas dueñas de las plataformas implementan medidas de protección, en ocasiones no son suficientes. Ante los problemas que llegan a surgir, es indispensable diseñar un buen marco legal que permita que los padres defiendan a sus hijos de manera efectiva. Así, dispondrán de diferentes herramientas y mecanismos para actuar a tiempo.
El 4 de junio de 2024 se aprobó el anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores de edad en entornos digitales. Se trata de una norma que aspira a mejorar el marco legal existente para que los pequeños no estén expuestos a tantos riesgos. A pesar de que todavía no está aprobada, a continuación, te mostramos algunos detalles que ya se conocen.
El anteproyecto deja claro un objetivo fundamental: garantizar que los datos personales de los menores quedan protegidos y que acceden a contenidos apropiados para su edad. Para conseguir estas metas, se plantea reconocer cuatro nuevos derechos:
Las medidas están diseñadas para lograr los derechos antes mencionados. La primera consiste en la modificación de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. La edad mínima para emplear determinados servicios, plataformas y contenidos pasa de 14 a 16 años.
Junto con lo anterior, se regulan los contenidos en línea de varias formas. Los fabricantes de dispositivos deberán incluir una funcionalidad gratuita para que se pueda establecer un control parental. Su activación se llevará a cabo en el momento de arranque del aparato. Además, se prohíbe el acceso a algunas mecánicas de videojuegos que se parecen a juegos de azar, como ocurre con las llamadas lootboxes.
También se tipifican o reconocen nuevos delitos. Uno de ellos es la modificación de imágenes o voces mediante tecnología: los deepfakes. Su problema es que, muy a menudo, son tan realistas que no se distinguen con facilidad del original, lo que puede dar pie a chantajes o a abusos. En esta línea, se regula el alejamiento en la red, que consiste en establecer restricciones de acceso o comunicación a través de cualquier plataforma a personas que hayan dañado a los menores.
El anteproyecto afecta al sector educativo para que ayude a que los menores sepan manejarse de manera adecuada en las redes. Para ello, se promoverá la capacitación en competencias digitales y la alfabetización mediática. Igualmente, se potenciará la educación en ciudadanía digital, privacidad y propiedad digital, temas importantes para navegar con seguridad en la red.
Incluso se regulará el uso de los dispositivos móviles en las aulas desde educación infantil hasta secundaria. De este modo, se da una ayuda adicional para que los profesores reduzcan el impacto en la atención de los aparatos mencionados.
Aunque se trate de un anteproyecto, lo que implica que se producirán cambios hasta llegar a la versión final, el papel de las familias es vital. Como has visto, el Gobierno quiere darles algunas herramientas para que supervisen los contenidos que ven sus hijos en la red. Este es el caso del control parental que tendrán que incorporar los fabricantes de dispositivos.
Gracias al mecanismo, los padres y madres no tendrán problemas para establecer unos criterios claros y basados en lo que creen mejor para el menor. Sin embargo, el anteproyecto no recoge las características o cómo funcionará el sistema, más allá de que se aplicará en teléfonos móviles. Este es uno de los reproches que ha hecho el Consejo Económico y Social, pero hay más.
Por ejemplo, el órgano consultivo lamenta que no se añadiesen medidas de apoyo y formación a las familias. Al fin y al cabo, en el hogar es donde los niños y adolescentes están más expuestos a contenidos inapropiados. Por tanto, es esencial que los padres tengan los conocimientos apropiados para supervisarlos adecuadamente. Así, no les costará prevenir un empleo problemático de las tecnologías digitales.
El propio órgano pone de relevancia que el apoyo podría ofrecerse a través de los canales que ya tienen los colegios e institutos. Un buen ejemplo son las asociaciones de familias o los consejos escolares, cuya labor, si se canaliza como es debido, es útil para mejorar la protección de los menores online.
En definitiva, cuidar de los menores de edad en entornos digitales mejorará gracias a la futura ley orgánica. Aunque queda mucho trabajo por realizar, se trata de una norma prometedora. Para conocer otros avances legislativos, en Cámara te brindamos todos los contenidos relacionados. ¡No dejes de leerlos!
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